El proyecto de ley marco de inteligencia artificial terminó su paso por la Cámara de Diputados y avanza en el Senado. Aunque actualmente la iniciativa sigue en debate y no ha entrado en vigencia, el mapa de exigencias, fiscalizaciones y sanciones, que ya se pueden traducir a pesos, marcará un antes y un después para el entorno corporativo chileno.
Esperar a que la normativa se publique en el Diario Oficial para reaccionar es un error de gestión. A continuación, analizamos qué implica realmente este marco regulatorio, cuáles son las consecuencias de no estar alineado y los pasos clave para preparar a tu empresa a tiempo.
Clasificación de la IA por nivel de riesgo
El proyecto no regula la IA como un bloque único: divide los usos según el daño potencial que pueden causar, en cuatro niveles calcados del modelo europeo.
- Riesgo inaceptable (prohibido sin excepción): manipulación subliminal, categorización biométrica con datos sensibles, calificación social genérica, identificación remota en tiempo real en espacios públicos, evaluación de estados emocionales.
- Alto riesgo (registro, auditoría y transparencia obligatoria): scoring crediticio, selección de personal, diagnóstico médico. Si el sistema no cumple, el operador debe desactivarlo, retirarlo del mercado o suspenderlo de inmediato.
- Riesgo limitado (obligación de transparencia): riesgos no significativos de manipulación o error. El usuario debe poder saber que está interactuando con un sistema de IA.
- Sin riesgo evidente (uso libre): la mayoría de las herramientas de productividad y automatización interna cae aquí, sin obligaciones adicionales.
Si tu empresa usa IA para evaluar candidatos, aprobar créditos o apoyar diagnósticos médicos, cae directo en la categoría de alto riesgo, la más exigente del proyecto. Vale la pena mirar con esa lupa cualquier herramienta que ya esté en producción, incluida la que llega empaquetada dentro de un software de un proveedor externo.
Las multas
El articulado del proyecto fija tres tramos de sanción administrativa. Así se ven traducidos a pesos, usando el valor de la UTM de agosto 2026 ($71.649):
- Infracciones leves: hasta 5.000 UTM (aprox. $358 millones de pesos).
- Infracciones graves: hasta 10.000 UTM (aprox. $716 millones de pesos).
- Infracciones gravísimas: hasta 20.000 UTM (aprox. $1.433 millones de pesos).
El monto exacto dentro de cada tramo no es fijo. La autoridad debe considerar el tamaño y las ventas anuales de la organización, el beneficio económico obtenido con la infracción, la reincidencia, el número de personas afectadas y el grado de cooperación con la fiscalización, entre otros factores. En la práctica, esto significa que una pyme y una empresa grande no arriesgan lo mismo, pero ambas quedan dentro del radar.
¿Quién fiscaliza?
El proyecto crea la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, encargada de autorizar los sistemas de alto riesgo, llevar su registro y pronunciarse sobre incidentes graves. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación queda como coordinador general de la promoción del desarrollo ético de la IA en el país.
Un matiz que vale la pena seguir: el proyecto contempla estándares diferenciados según el tamaño de la empresa, una señal de que el Congreso es consciente de que no todas las empresas chilenas tienen el mismo músculo de compliance para cumplir con esto desde el primer día.
Chile mira a Europa, pero no la copia
Ambos marcos comparten la lógica de clasificar los sistemas por nivel de riesgo y prohíben prácticas similares: manipulación subliminal, explotación de vulnerabilidades, calificación social. La diferencia está en el detalle: el AI Act europeo es bastante más específico en su listado de sistemas de alto riesgo, mientras el texto chileno deja más espacio a la interpretación y a un reglamento posterior que todavía no existe.
Mientras la Unión Europea termina de cerrar un marco horizontal con años de rodaje, Chile todavía negocia el suyo en comisión: el texto puede seguir cambiando antes de convertirse en ley.
¿Qué hacer mientras se tramita?
La ley no está vigente todavía, pero el mapa de obligaciones ya es lo bastante claro como para adelantarse:
- Inventariar los sistemas de IA que ya usa tu empresa, propios y de proveedores.
- Clasificarlos según el borrador de riesgo: ¿alguno toca crédito, selección de personal o salud?
- Revisar qué documentación de origen y funcionamiento tienes de cada modelo en uso.
- Seguir el trámite en el Senado. La Comisión de Desafíos del Futuro es donde se están definiendo los detalles.
La ventaja de moverse antes de que la ley entre en vigencia no es solo evitar una multa que todavía no existe. Es llegar al momento de la fiscalización con la tarea hecha, en lugar de reaccionando.
